El lucrativo negocio privado con las deportaciones del presidente Trump
Estás carceles son administradas por privados con contratos multimillonarios.
Rincón Macondiano
Por; Alberto Luna
A diferencia de otros países, en que las prisiones son administradas por el Estado, en los Estados Unidos las cárceles y los centros de detención de migrantes indocumentados son manejadas en su mayoría por empresas privadas con contratos gubernamentales multimillonarios.
Con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y el impulso de una de sus banderas de campaña electoral, la política anti inmigratoria, se desató toda una oleada de redadas y de deportaciones masivas de extranjeros indocumentados, lo cual, ha fortalecido el lucrativo negocio de las empresas privadas dedicadas a la administración de cárceles y centros de reclusión de migrantes, disparando con ello sus ingresos y el valor de sus acciones, sobre todo, de las gigantes del negocio carcelario en Estados Unidos como son los casos de Geo Group y CoreCivic. Empresas estas que han gastado millones de dólares destinados al cabildeo en el Congreso y en el apoyo a la campaña electoral de Trump para su elección presidencial.
Geo Group, el mayor operador de prisiones en Estados Unidos tuvo ingresos en el año 2024 por un valor de 2.400 millones de dólares. Según George Zoley, fundador de la empresa, con la llegada de Donald Trump al poder, esperan duplicar todos sus servicios y aumentar su rentabilidad. Es una “oportunidad sin precedentes”, indicó Zoley.
La segunda gran empresa carcelaria estadounidense, CoreCivic, tuvo ingresos el año pasado por US$2.000 millones. También espera engrosar sus ingresos y beneficios con el gobierno de Trump, como lo ha anunciado abiertamente, Damon Hinniger, su director ejecutivo, al afirmar que la compañía podría tener “quizás el crecimiento más significativo de su historia” en estos momentos. “Llevo 32 años trabajando con CoreCivic y este es sin duda es uno de los períodos más emocionantes de mi carrera”, puntualizó Hinniger.
Con la llegada de Trump a la Casa Blanca y su bandera de campaña anti inmigrante se desató una redada de deportaciones.
Otro negocio rentable es del servicio de transporte aéreo de los deportados, como es el caso CSI Aviation, una compañía de Nuevo México, que en el 2024 se ganó un contrato por US$3.600 millones. Otras aerolíneas que se benefician con el programa de deportación masiva de Trump son: Geo Transit, una filial de Geo Grroup y GlobalX.
El plan anti migratorio de Trump también contempla la creación o la utilización de cárceles en el extranjero para deportados considerados como “peligrosos”, como es el caso del centro carcelario Cecot en El Salvador, la prisión más grande de América con capacidad para 40.000 reclusos, de acuerdo al compromiso firmado entre el presidente Nayib Bukele y el secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio. Por el cual, el país centroamericano recibirá una compensación económica de US$6 millones por mantener presos a los deportados. “Estados Unidos pagará una tarifa baja por ellos, pero alta para nosotros”, afirmó el presidente salvadoreño.
Ante la necesidad de Donald Trump de intensificar su ofensiva anti inmigratoria en el país con una primera etapa consistente en la deportación de un millón de extranjeros, requiere aumentar drásticamente el número de arrestos y la capacidad de las instalaciones para albergar a los detenidos. Según el “zar fronterizo” del gobierno norteamericano, Tom Homan, se necesitarían al menos 100 mil camas para cumplir con la meta. De acuerdo con informes oficiales, la población de detenidos por el ICE se incrementó de 39.000 en enero de este año a unos 48.000 en el mes de abril, muy por encima de las 41.500 camas disponibles con que cuenta actualmente este organismo estatal. Por ello la necesidad apremiante de la Casa Blanca por obtener del Congreso la aprobación de un aumento de los recursos que se está requiriendo para poder cumplir con los planes masivos de deportaciones.
Pero Trump no la tiene fácil. Esta oleada de persecuciones y detenciones indiscriminadas de inmigrantes indocumentados por parte de las autoridades gubernamentales ha traído el rechazo masivo del pueblo y la opinión pública estadounidense. Las protestas de cientos de miles de personas se han extendido a varias ciudades y estados norteamericanos, desde Los Ángeles hasta Nueva York. Un 47% de la población desaprueba la ofensiva anti migratoria del Gobierno, ante un 42% que la apoya. Mientras el 60% de los encuestados se oponen a la suspensión de la mayoría de las solicitudes de asilo y otro porcentaje similar es contrario a la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite que los ciudadanos de países como Venezuela y Haití, residan y trabajen en EE.UU.
A este rechazo del pueblo estadounidense, se le suman la de industrias claves, que dependen del trabajo de inmigrantes, como son la agricultura, hoteles, restaurantes y empacadoras de carne. Ya asociaciones de empresarios han advertido que las deportaciones masivas de trabajadores están causando falta de mano de obra, desabastecimiento de productos y un alza de precios.
Pero donde se ha presentado la confrontación más aguda, ha sido con el gobernador de California, el estado más poderoso de la Unión, Gavin Newson, quien le ganó una demanda al presidente Trump y al Departamento de Defensa, al lograr una orden judicial que le devolvió el control de la Guardia Nacional al mandatario californiano, lo mismo que la desmilitarización de Los Ángeles: “Nuestro éxito de hoy en los tribunales es una victoria para todos los estadounidenses. La decisión del presidente de usar a las fuerzas armadas contra sus propios ciudadanos amenazó nuestra democracia y nos acercó peligrosamente al autoritarismo, Seguiremos defendiendo nuestra democracia y los derechos de todos los estadounidenses”, señaló Newson.
